Responsables de instalación de camaras en la vía pública enfrentarán la justicia

La colocación de cámaras de vigilancia particulares en vías públicas ha generado debate en Baja California, especialmente por la falta de un marco jurídico claro que justifique su retiro.

Aunque autoridades como la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCBC) no precisan qué delito se comete al instalarlas, argumentan motivos de "seguridad ciudadana" ante posibles riesgos derivados de investigaciones.

Rafael Orozco Vargas, fiscal central de la FGE, mencionó que, en ciertos casos, podría tipificarse daño a propiedad ajena, si los dispositivos se colocan en estructuras privadas, aunque resaltó que esto tiene "poca trascendencia legal".

En cambio, las cámaras instaladas en postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se remiten a la Fiscalía General de la República (FGR), pudiendo incluso investigarse como delincuencia organizada.

Hasta el 5 de abril, la SSCBC ha desmantelado y asegurado 764 cámaras en municipios de la entidad, según Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la dependencia.